Sólo ampara a la industria en caso de malas prácticas.
La apelación que presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por la desestimación de su demanda contra las armerías por su participación activa en el tráfico de armas hacia México recibió el apoyo de fiscales estatales y oficiales de procuración de justicia de Estados Unidos.
Explicaron que el argumento con el que el juez Dennis Saylor Jr. tomó su decisión no se apega a derecho, pues la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas sólo ampara a la industria en caso de malos usos por parte de terceros y no por sus propias malas conductas o prácticas.
Los fiscales explican que el interés detrás de este tipo de acciones legales es “preservar soluciones a niveles estatales derivadas de las malas conductas de fabricantes y vendedores que causan daños en nuestros residentes”.
Ex policías y funcionarios de agencias de seguridad, combate al crimen organizado y al tráfico de drogas se sumaron a los señalamientos que han hecho las autoridades mexicanas: “los productores (de armamento) de EU han estado al tanto por mucho tiempo de que sus prácticas ponen armas en las manos de traficantes que las comercian por la frontera a cárteles mexicanos.
Llamaron a la Corte de Apelaciones a evitar los “esfuerzos para evadir la rendición de cuentas” de la industria armamentista.
A ellos se sumaron la Red Latinoamericana de Seguridad Humana y las representaciones de Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas, quienes presentaron otro escrito en el que alertan de la importancia de que en una corte federal se haga rendir cuentas a involucrados directos en el tráfico de armas, pues “la violencia armada es una de las crisis de salud pública más importantes en la región de América Latina y El Caribe.”