Los ministros de la Corte son buenos abogados
A unas horas de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutan si eliminan o no la prisión preventiva al considerar que contraviene a principios constitucionales como la presunción de inocencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su confianza porque no sea suprimida esa medida cautelar, pues dijo que de hacerlo, el Poder Judicial se convertirá en el “supremo poder conservador”, del que incluso el Ejecutivo deberá cuidarse.
“Si se cancela el artículo sí es una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo, no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes. El Legislativo tendría que actuar, no creo yo, la verdad que se atrevan porque es completamente violatorio de la Constitución, pero eso ya le correspondería al legislativo y nosotros defendernos para que no nos invadan porque ya no sería la Suprema Corte de Justicia sino el supremo poder conservador”, manifestó.
Este lunes los ministros de la Suprema Corte discutirán el proyecto de Luis María Aguilar que proyecto que propone dejar aplicar el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo19, párrafo segundo, de la Constitución, al declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa.
Desde hace varias semanas, el presidente de la República ha manifestado su rechazo porque se deje sin aplicar la prisión preventiva oficiosa al considerar que representará impunidad y corrupción.
La semana pasada, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, advirtió que eliminar esa medida cautelar podría convertir “la puerta giratoria” en una “puerta abierta” que deje en libertad a más de 90,000 personas, entre ellas presuntos homicidas, secuestradores y feminicidas.
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU exhortó urgentemente a México a anular la prisión preventiva obligatoria, llamada también “prisión preventiva oficiosa” o “automática”, por considerar que es contraria las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones.
Miriam Estrada-Castillo, presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo, manifestó que la a prisión preventiva oficiosa es, igualmente, contraria a la independencia judicial y pone en grave riesgo el derecho a la integridad personal y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Una de las más serias consecuencias de la prisión preventiva obligatoria ha sido el que muchos mexicanos pasen más de una década privados de su libertad a la espera de un juicio, sin sentencia y en condiciones de grave riesgo a sus vidas e integridad personal. Esto además contribuye al hacinamiento carcelario,” dijo Estrada-Castillo.