Fue señalada en la cadena de tratos crueles.
Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue señalada en la cadena de tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos por las autoridades en las estaciones migratorias.
En su carácter de presidenta del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, la ombudsperson fue acusada de no cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, particularmente de prevención de la tortura y otros malos tratos.
Al promover una demanda de amparo para que se garantizara el suministro básico de agua en la estación migratoria de Guadalupe, Nuevo León, el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) órgano auxiliar del Poder Judicial de la Federación denunció la omisión de Piedra Ibarra en las visitas de inspección en estos centros, a fin de constatar las condiciones en que se encuentran los extranjeros privados de su libertad.
A un juez federal, el asesor jurídico Especializado en Personas en Movilidad y Sujetas a Protección Internacional del IFDP, Miguel Ángel Galarza, destacó que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura cuenta con amplias facultades para realizar visitas de inspección, de forma permanente y sistemática, a las estaciones migratorias.
Además, abundó, el reglamento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura establece que también deberá presentar quejas y hará del conocimiento de las autoridades competentes cuando esté ante un posible caso de tortura o malos tratos.
La Defensoría Pública sostuvo que si Rosario Piedra, como máxima autoridad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, es omisa en sus obligaciones, las consecuencias que se acarrean son graves.
El asesor jurídico público destacó que tratándose de personas que se encuentran en centros de detención, al carecer de las garantías básicas para asegurar derechos civiles, económicos, sociales y culturales, surge un riesgo cierto de que se vulneren otros derechos, como el de la integridad física y a ser tratada con dignidad.
Aunque Rosario Piedra negó estas acusaciones, el juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León, Francisco Rubín de Celis Garza, dio la razón en estos señalamientos al IFDP.